¿Quién cubre los gastos médicos en un accidente de tráfico?
Conducir un coche es un acto que conlleva ciertos riesgos, tantos que si nos detuviéramos a pensarlos por un minuto antes de encenderlo, volveríamos a casa. Los riesgos están presentes desde el mismo minuto que salimos a la vía pública. Sin embargo, ir de peatón no nos exime de correr riesgos contra nuestra integridad física. A pesar de ello, debemos asumir dichos riesgos y salir diariamente a nuestras labores rutinarias.
La Dirección General de Tráfico, calcula que en toda España y solo en el año 2018, se produjeron más de 102.000 accidentes viales con víctimas, en las que se incluyen fallecidos y lesionados. Estas alarmantes cifras, nos llevan a reflexionar varias cosas. Obviamente, en primer lugar pensamos en las formas de reducir tan lamentables saldos. Luego, nos hace pensar en las consecuencias que tienen para la población.
Un accidente, puede dejar lesiones incapacitantes, permanentes o producir cambios negativos en su desenvolvimiento “normal” de una persona. Estas cifra, llevan implícitas elementos que (por razones evidentes) quedan en segundo plano, como el coste económico que envuelven los accidentes de tráfico.
Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los accidentes viales en España cuestan anualmente un aproximado de 9.600 millones de Euros, lo que supone el 1% del PNB.
¿Quién cubre estos costos exorbitantes?
La respuesta es sumamente compleja, pues la cobertura de los gastos médicos posteriores a un accidente vial, está repartido entre el Estado, los privados y las Aseguradoras. Es común pensar que al contratar una póliza de seguros, toda erogación que derive de un incidente estará cubierta automáticamente por nuestra póliza o el Estado.
No obstante, cada accidente es una individualidad que causará daños materiales o humanos dependiendo de su magnitud.
En primer lugar, posterior a la eventualidad de un accidente vial, intervienen una serie de entes encargados de salvaguardar la vida de los lesionados como prioridad. Aquí intervienen los cuerpos de policía, bomberos, paramédicos y otros cuerpos.
Los organismos del Estado, actúan con vehículos, equipos y profesionales que generan un inmenso coste económico. La red de hospitales suelen ser los centros a donde se deriva a los lesionados, dependiendo nuevamente de factores como cercanía, grado de las lesiones, riesgo de vida y otros.
Posterior a la salvaguarda vital, viene una segunda etapa en la atención de un lesionado. Esta contempla la atención médica para recuperar las funciones orgánicas de la víctima. Aquí, se pueden involucrar atenciones quirúrgicas, de soporte de vida u otras mayores, que por supuesto, acarrea una serie de costes en equipos y profesionales.
Luego, está la etapa de rehabilitación, con el fin recuperar la funcionalidad previa al accidente. Puede ser muy onerosa, pues ella implica a fisioterapeutas, ortesis, fármacos, equipos y otros elementos de alto costo. Esto, sin contar los costes hundidos de pérdidas por ausentismo laboral, movilizaciones, familiares y otros que afectan gravemente a la economía local y nacional.
Los costes médicos de los afectados suelen estar cubiertos por una póliza de responsabilidad civil. No obstante, suelen tener condicionados en los que están limitada su cobertura (o en extremos) eximidas de pagos.
En los casos de excesos a las coberturas de las pólizas, interceden los privados o el Estado, mediante el Consorcio de Compensación de Seguros un organismo adscrito al Ministerio de Economía y Empresa.
En una accidente de tráfico, solo hay perdidas, algunas pueden ser subsanadas con recursos aunque hay pérdidas que nunca se reparan, como la vida humana. Es por ello, que la prevención debe tener siempre la máxima prioridad al circular por la vía pública.
